Las Bases y Leyes
Constitucionales de la República Mexicana, conocidas también como Las Siete
Leyes, promulgadas en 1836, conservaron la división de los poderes nacionales
en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, pero transformaron los estados federados
en departamentos subordinados al gobierno central. La libertad y la soberanía
que la Constitución de 1824 concedió a los estados fueron suprimidas, por lo
que desaparecieron las legislaturas estatales, sustituidas por juntas
departamentales cuya función era servir como consejeras de los gobernadores,
ahora nombrados por el Ejecutivo nacional. Otro cambio importante en la
organización política fue la desaparición de un número considerable de
ayuntamientos, pues sólo se conservarían los que tuvieran 8 000 habitantes.
El establecimiento del centralismo
modificó importantes aspectos de la conducción política del país, tales como la
restricción del derecho de ciudadanía a los propietarios, las elecciones, la
administración de la hacienda pública y la milicia.
En Zacatecas, luego de la batalla del
11 de mayo, el Congreso quedó disuelto y vacante el puesto de gobernador, quien
salió huyendo de la capital. Fue ocupado por Joaquín Ramírez y Sesma, con rango
de general en el ejército, institución que aparecía como nuevo actor político
en una región donde los civiles habían gozado hasta entonces de supremacía. En
cuanto a los ayuntamientos, sólo permanecieron el de la capital, Fresnillo,
Mazapil, Pinos y Sombrerete, provocando el disgusto de la población, a la que
se le arrebataba un apreciadísimo canal de representación. Las autoridades
locales, antes autónomas para resolver asuntos internos, quedaron sujetas a las
disposiciones del gobierno nacional.
Debilidad y fuerza de
los federalistas
El centralismo no
logró consolidarse como forma de gobierno. Destaca en el caso zacatecano que
muchos individuos que ocuparon cargos públicos durante el régimen federal
permanecieron como dirigentes del departamento, oponiendo resistencia a las
órdenes del gobierno nacional. Acordes con su tradición legalista, los
federalistas organizaron la resistencia por la vía del derecho y dentro de la
misma junta departamental, a la que transformaron en instrumento opositor del
gobierno nacional. También planearon contra el nuevo régimen aisladas acciones
militares, aunque todas fallidas, como la conspiración de Jerez ocurrida a
mediados de 1836, que formaba parte de un plan nacional de combate al nuevo
régimen.
El centralismo despojó al erario
zacatecano de ingresos considerables al expropiar las minas de Proaño y la casa
de moneda. El hecho motivó un fuerte disgusto entre la población zacatecana y
la protesta de los federalistas, quienes en múltiples ocasiones culparon al
centralismo de la inestabilidad y los enfrentamientos entre mexicanos.
A principios de 1841 Zacatecas parecía
recuperarse. Con nuevo impulso sus representantes participaban activamente en
el Congreso Nacional para propiciar la caída del centralismo y el
restablecimiento de la Constitución federal de 1824, aunque reformada, pues
reconocían sus imperfecciones para alcanzar el equilibrio nacional. Pero los
intentos para reformar aquel código se frustraron con el pronunciamiento
militar de Santa Anna, Mariano Paredes y Arrillaga y Gabriel Valencia, que
desembocó en la firma de las Bases de Tacubaya (28 de septiembre de 1841), que
además desconocieron los poderes establecidos por la Constitución de 1836,
representando el final del centralismo y el comienzo de las dictaduras
militares.
Francisco Franco, comandante general de
Zacatecas, quien participó en la campaña de 1835 contra el estado, reconoció
las Bases; en contraste, fueron rechazadas por la junta departamental, que
finalmente las suscribió por la presión militar, aunque se mantuvo como órgano
opositor al gobierno nacional. La postura de Franco le valió un premio: en
abril de 1842 asumió el gobierno civil y militar, así como el control de las
rentas del departamento. Una nueva caída de Santa Anna lo obligó a renunciar al
poco tiempo; lo reemplazó un civil, el connotado federalista Marcos de Esparza.
Estos hechos coincidieron con la
formación de guardias nacionales en los departamentos, cuyo propósito era
combatir el bandolerismo y erradicar los ataques de los indios bárbaros. Aunque
al principio las guardias no tuvieron un peso significativo, coadyuvaron al
fortalecimiento del grupo de civiles del gobierno zacatecano, quienes no
dejaron de insistir en el restablecimiento del federalismo por canales
legales.
La invasión
estadunidense
En medio de profundas
disensiones nacionales, agravadas por la amenaza de una guerra contra los
Estados Unidos, el gobierno de Esparza reprobó un plan monarquista de Paredes y
Arrillaga y demandó, aunque infructuosamente, la obediencia a los principios
republicanos. La situación de México era terrible; la crisis interna se
agudizaba día con día. Estaba el problema de la separación de Yucatán; las
incursiones de los indios bárbaros, azuzados por los estadunidenses, en los
estados norteños y la ocupación del territorio nacional. Por si fuera poco, el
erario estaba exhausto. Para sortear la crisis, Zacatecas proponía restablecer
el gobierno republicano, representativo y popular así como las milicias cívicas
para defender el territorio.
El plan monarquista de Paredes fracasó
por el triunfo de un nuevo golpe militar (4 de agosto de 1846), asestado por
Mariano Salas y Gómez Farías para convocar a un Congreso Nacional de acuerdo
con la Constitución de 1824. La mayoría de los departamentos se sumaron al plan
—Zacatecas entre ellos—; comenzó la sustitución de las instituciones creadas
durante el centralismo por las federales, al tiempo que el país se preparaba
para la guerra organizando contingentes militares que carecían de provisiones
suficientes para ganar en un enfrentamiento.
Con las tropas estadunidenses dentro
del territorio, a principios de 1847 se discutía la reorganización del país,
sobre todo en el ámbito militar. Nuevamente surgieron divergencias entre el
gobierno nacional y el estatal; éste se oponía a que sus fuerzas salieran del
territorio zacatecano porque quedaría indefenso y la economía se paralizaría,
aunque finalmente accedió a la salida de 200 hombres a San Luis Potosí para
combatir a los estadunidenses. Esta falta de coordinación entre las fuerzas
militares del país se sumó a la escasez de provisiones y a la superioridad del
ejército estadunidense, lo cual traería consecuencias desastrosas a México.
Durante los primeros meses de 1847,
mientras continuaban los desórdenes políticos en la capital del país, los
estadunidenses avanzaban; en mayo ya tenían ocupada Chihuahua y amenazaban
avanzar sobre Durango. Las sucesivas derrotas del ejército mexicano obligaron a
los estados de Jalisco, México, Querétaro, Zacatecas, Aguascalientes,
Guanajuato, San Luis Potosí, Michoacán y Tamaulipas a formar una coalición para
la defensa de México y de sus instituciones federales; de ella saldría el
ejército que combatiría primero a los invasores, luego a los conservadores y
finalmente a las tropas imperiales francesas.
Entre el 14 y el 17 de julio, el
ejército invasor llegó a Mazapil, al norte de Zacatecas; consciente de sus
limitaciones militares, el ayuntamiento de esta localidad decidió negociar y
exigir respeto a la población para evitar un enfrentamiento. Los daños
materiales que sufrió Mazapil se redujeron a recibir un pago injusto por la
venta de provisiones a las tropas estadunidenses. Mientras tanto, Luis de la
Rosa, diputado por el estado al Congreso Nacional, realizaba gestiones para que
los Tratados de Paz de Guadalupe Hidalgo fueran aprobados luego de una rigurosa
reflexión sobre su contenido e implicaciones.
Concluida la guerra con los Estados
Unidos, la participación de Zacatecas en los asuntos nacionales disminuyó
notablemente, pues había que afrontar problemas internos, entre ellos las
continuas incursiones de los indios bárbaros, principalmente comanches y
cahiguas, que asolaban poblaciones enteras, particularmente durante el
invierno. Todavía a inicios de 1853, el comandante militar señalaba que las
rebeliones contra el gobierno eran un asunto menor en comparación con los
ataques de los indios.
Nuevas facciones
Otro problema interno
fue el enfrentamiento entre los poderes Ejecutivo y Legislativo del estado; el
primero defensor de un federalismo puro y extremista; el segundo, de una
postura moderada. Durante la guerra, el gobernador Manuel González Cosío asumió
facultades extraordinarias que pretendió conservar concluida aquélla, pero en
1849 la legislatura resolvió obligarlo a acatar sus disposiciones. Con actitud
desafiante, González Cosío decidió actuar por encima del Congreso, hecho que
desembocó en su destitución y reemplazo por Antonio García Salinas,
identificado con los federalistas moderados.
Una nueva fractura aparecería dentro
del grupo gobernante cuando se lanzó el Plan de Hospicio en 1851 y algunos
oficiales zacatecanos manifestaron su adhesión. En los próximos años, esta
fractura dividiría al grupo en liberales y conservadores.
Con el regreso de Santa Anna al poder y
la instauración de una dictadura en 1853, nuevamente el sistema federal fue
combatido y los estados se transformaron en departamentos sin autonomía del
gobierno nacional. Zacatecas repitió su reacción de años atrás: la resistencia,
de la que fueron protagonistas el gobernador José González Echeverría y Marcos
de Esparza, activo y congruente como siempre con su ideario político. Los civiles
se organizaron en contra de los militares, que intentaban consolidarse como
grupo único de poder.
La revolución de Ayutla provocó una
adhesión generalizada en todo el país: representaba los reclamos de autonomía y
participación de los estados en las cuestiones de interés nacional que durante
varias décadas fueron permanentes, así como para el restablecimiento de la
república representativa y popular. En Zacatecas, los militares intentaron
impedir su propagación, pero los grupos revolucionarios se multiplicaron y la
población les brindó apoyo. De entre los líderes de estos grupos surgió la
nueva generación de liberales zacatecanos, que heredó la tradición legalista y
los proyectos nacionales de la primera generación de federalistas.
El 16 de agosto de 1855, el
ayuntamiento de la capital y dos batallones se adhirieron al Plan de Ayutla.
Encabezó el movimiento Victoriano Zamora, quien durante los años previos se
mantuvo como defensor del federalismo y ocupó más tarde la gubernatura del
estado. La última caída de Santa Anna fue recibida con júbilo y su sucesor
provisional, Martín Carrera, fue reconocido en Zacatecas como centro de unidad
de la República.
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