GOBIERNOS 1821-1857

Con la independencia de Centroamérica en 1821 se inició un largo  período  de  cruentas  luchas  en el territorio nicaragüense, que va a concluir con la finalización de la Guerra Nacional Antifilibustera en 1857. A este período se le conoce tradicionalmente en la historia de Nicaragua como la “Anarquía”, situación valorada como el reflejo de la caótica situación política, económica y social que vivía el país a consecuencia de la falta de un gobierno efectivo y de leyes que rigieran a todos los nicaragüenses en el contexto de un orden político que se impusiera. En el Período de la Anarquía en Nicaragua se pueden destacar como los principales conflictos armados, los siguientes: el levantamiento armado del 4 de junio y del 27 de agosto de 1822 en León; el levantamiento del 9 de octubre de 1822 en Granada y el golpe militar de 1823 dirigidos por

Cleto Ordóñez; la guerra civil de 1824-1825 entre los grupos de fiebres (liberal, republicanos) y serviles (conservadores); la guerra civil de Cerda-Argüello en 1827-1829; la guerra civil de 1834; el asesinato del Jefe de Estado José Zepeda en 1837; la guerra de  Nicaragua  y  Honduras  contra  El  Salvador  en 1839; la toma de San Juan del Norte por el Rey Miskito apoyado por las tropas británicas en 1841; la guerra de Malespín en 1844-1845; el enfrentamiento armado entre fuerzas militares nicaragüenses y británicas por la toma de San Juan del Norte en 1848; la rebelión armada de Rivas en 1848 y 1849 dirigidas por Bernabé Somoza; la asonada de León en 1849; el golpe de Estado en 1851; la guerra civil entre democráticos y legitimistas en 1854 y la Guerra Nacional Antifilibustera de 1856-1857.

El primero de abril de 1853 asumió el cargo de

Director de Estado, General don Fruto Chamorro

Pérez, representante de la aristocracia conservadora, definiendo como su principal fundamento político la imposición y conservación del “orden” en Nicaragua. Por ello  en  mayo  emitió  un  decreto  en  el  que ordenó la elección de diputados para la Asamblea Constituyente que elaboraría la nueva Constitución

Política. Los liberales expresaron razones de fraude en los resultados de la elección  para Director de Estado del General Chamorro, su descontento por la derogación  de  la  Constitución  Política  de  1838  y por la instauración de la Asamblea Constituyente.

En abril de 1854 se promulgó la nueva Constitución

Política de Nicaragua en la que se instituyó el cargo de Presidente de la República con un mandato de cuatro años, otorgándosele una serie de poderes que consolidaban el autoritarismo del Ejecutivo. Ante esta situación, los jefes liberales Máximo Jerez y Francisco Castellón realizaron una invasión armada desde Honduras, que entró el 5 de mayo de 1854 por Somotillo y después por El Realejo; posteriormente, avanzó hacia Chinandega donde encontró apoyo de la población y organizó a sus fuerzas militares con el nombre de Ejército Democrático. El Ejército Legitimista fue enviado a León combatiendo en Quezalguaque y El Pozo, cerca de Telica, donde fue derrotado.

El General William Walker, en su desempeño como presidente y jefe del ejército, estableció que el Ejército de Nicaragua se regiría conforme a la tradición y los códigos militares de los ejércitos del Sur de los

Estados Unidos, por lo que realizó la estructuración organizativa de los órganos de mando y dirección de la Comandancia y el Estado Mayor, de las unidades de combate de artillería ligera y rifleros, y de las unidades de aseguramiento ingeniero. Además, ubicó sus cuarteles centrales de las unidades desde el punto de vista estratégico-geográfico en Managua, Granada y Rivas, de acuerdo con el desarrollo de la guerra. Implementó una tabla salarial en proporción a los grados militares de oficiales y tropas. El 14 de septiembre de 1856 se realizó la heróica batalla de San Jacinto, cuya relevancia no está dada por el elemento estrictamente militar; su importancia en la historia de Nicaragua y Centroamérica se expresa desde el punto de vista político, moral y de dignidad nacional. La  gesta de los héroes de San Jacinto fue la primera derrota del filibusterismo después de la unidad nacional, demostrando que éstos no eran invencibles y que el arrojo y valentía de los nicaragüenses superaba las limitaciones El Período de Los Treinta Años se inició con la presidencia del General Tomás Martínez Guerrero el 11 de noviembre 1857. Con la promulgación de la nueva Constitución de 1858 se estableció la subordinación expresa de los militares a la autoridad del Presidente de la República. Esto contribuyó en cierta forma a la estabilidad de la naciónmateriales de la contiendaGeneral de División José Dolores Estrada.

Esto contribuyó en cierta forma a la estabilidad de la nación. En esta línea, se reorganizó el Ejército de la República, según  el Decreto del 22 de noviembre de 1858 emitido por el  Presidente, General Tomás Martínez. Se estructuró en 12 batallones de infantería, 2 escuadrones de caballería y 2 brigadas de artillería. Estas unidades fueron distribuidas en siete departamentos del país, en Chinandega: dos batallones de infantería; en León: dos batallones de infantería, un escuadrón de caballería y una brigada de artillería; en Granada: tres batallones de infantería y una brigada de artillería; en Rivas: dos batallones de infantería; en Chontales: un batallón de infantería y un escuadrón de caballería; en Matagalpa: un batallón de infantería. Las transformaciones en la política económica y las finanzas durante la transición entre el orden colonial y los Estados republicanos son un tema central de la historia latinoamericana del periodo decimonónico. Este libro de Sánchez Santiró incursiona plenamente en este tema hasta ahora poco explorado, aportando un estudio significativo por la riqueza de su enfoque, lo acertado de sus preguntas y lo sólido de su investigación.

El trabajo tiene su punto de partida al señalar claramente que el proceso de independencia fue un quiebre de ideas, instituciones y prácticas económicas que abrieron un nuevo espacio de incertidumbre en la convivencia entre lo nuevo y lo viejo que sostuvo a las finanzas públicas de México entre 1821 y 1857. Desde aquella preocupación inicial, el autor se propone demostrar que en el caso mexicano no se instauró un régimen fiscal acorde con los principios del liberalismo, por lo que en su lugar se constituyó una fiscalidad que en buena medida mantuvo características heredadas del antiguo régimen; no obstante, también muestra que hubo una transición hacia una reforma fiscal progresiva. Por tanto se trata de un examen complejo que avanza al mismo tiempo mostrando las persistencias y las innovaciones que tuvo la fiscalidad decimonónica.

El tipo de análisis que propone esta obra para caracterizar las finanzas mexicanas de este periodo lleva al autor a preguntarse sobre otras tres cuestiones absolutamente relevantes para la economía política del siglo XIX, como son la propia naturaleza de la fiscalidad en relación directa con la construcción del Estado, el liberalismo temprano y el federalismo posrevolucionario. Estos tres campos de interacción son fundamentales para interpretar con acierto y riqueza la marcha cualitativa y cuantitativa de la fiscalidad examinada. Por tanto uno de los temas introductorios a la cuestión fiscal es qué tipo de liberalismo o qué ideas de liberalismo guiaron a los políticos mexicanos, cómo lograron transitar desde los criterios de desigualdad y desproporcionalidad del sistema fiscal antiguo a los enunciados de igualdad y proporcionalidad del liberalismo. Asimismo, se plantean las condicionantes materiales y sociales al cambio y con qué ritmo transitó el mismo y hasta qué punto sucedió. También se examinan otros problemas emergentes de la posrevolución, como cuál fue la soberanía territorial que tuvo el Estado emergente y si hubo una soberanía o muchas soberanías fiscales, lo cual implica discutir los contextos de emergencia y desarrollo del federalismo mexicano.

estar el golpe final al gobierno de Chamorro,

De modo que bajo aquellos postulados, el análisis de la Hacienda pública se despliega en este libro a lo largo de varios capítulos en los que se va estudiando la fiscalidad desde fines de la etapa colonial, la regencia y el primer imperio, para más tarde presentar las alcabalas y las contribuciones directas durante la primera república federal y la coyuntura de guerra entre 1846 y 1852, para finalmente abordar el ciclo de la dictadura de Santa Anna y el advenimiento de una nueva era fiscal con el Plan de Ayutla y la Constitución de 1857. De manera que, a través de este extenso mirador, se puede observar adecuadamente la evolución de las variables fiscales en íntima relación con los problemas relevantes que signaron a México en la primera mitad del siglo XIX.

Así, debido a la riqueza del estudio, se puede transitar desde los legados fiscales tardocoloniales hasta las nuevas pautas propuestas por la Constitución de Cádiz de 1812, para luego pasar del plano empírico al de las ideas que guiaron al erario público republicano y preguntarse sobre los beneficios o perjuicios que aquellas políticas fiscales desataron sobre el territorio y los actores sociales. De modo que el trabajo presenta una doble virtud: avanzar sobre un lapso temporal largo y un estudio de todos los rubros; por lo que supera el problema de la fragmentación territorial e institucional tan habitual en esos años, al mismo tiempo que da cuenta de la naturaleza de los rubros y sus prácticas de recaudación y efectos sobre los individuos, lo cual le permite al autor disponer de estadísticas consistentes para mostrar un panorama completo de la evolución fiscal de México.

Entre las principales conclusiones que aporta este ensayo sobre la evolución de las finanzas mexicanas está la que demuestra claramente cómo pervivió un fuerte peso de las contribuciones indirectas durante el extenso lapso temporal analizado. Lo cual, en definitiva, señala el camino diferente que siguió este caso de aquellos que iniciaron, sobre todo en Europa, una marcha hacia la fiscalidad directa en esas décadas. Por lo tanto, más allá del surgimiento de tradiciones ideológicas e intentos de reformar la fiscalidad poscolonial, los ingresos de rentas indirectas se mantuvieron en pie durante la primera mitad del siglo XIX.

Según el autor, varios han sido los factores estructurales que impidieron establecer una nueva tradición de rubros y una gestión aceptable de impuestos directos. Entre los principales obstáculos para el imperio de una nueva fiscalidad se encontraban la baja densidad demográfica, la manera en que se configuró la propiedad, las formas de percepción territorial y la resistencia al pago de contribuciones directas. Mientras que, en contraste con lo señalado, la herencia de impuestos indirectos contó para los gobiernos con una aceptable red territorial de funcionarios y receptorías de pago, así como con una cultura que las hacía de menor resistencia para su recolección. Por lo que, frente a estas dos alternativas con los costos y beneficios que ofrecían, se habría producido la emergencia de una tradición híbrida que sería la "modernización" de la alcabala como resultado de aquella situación entre lo tradicional y lo nuevo. Esa solución transitoria también se vinculó al grado de aceptación social de las rentas públicas, ya que los impuestos indirectos tenían ventajas para los hacendados, rancheros y fabricantes, pues trasladaban sus costos a los precios que pagaban los consumidores.

Finalmente, Sánchez Santiró remarca que dentro del largo derrotero de transición impositiva, que va desde 1846 hasta 1848, comenzaría a perfilarse el peso de otros factores sobre la estructura fiscal mexicana, pues para entonces los cuerpos milicianos, los intereses municipales más politizados y la nueva realidad armada se habrían convertido en agentes de recambio de las políticas públicas. Así, con el Plan de Ayutla comenzaría a gestarse un contexto de fuerzas sociales y políticas que apuntaría para anular las nuevas alcabalas y empujar el progresivo aceleramiento hacia el liberalismo fiscal.

De manera que este libro, por todo lo señalado, es un aporte significativo para el estudio de la fiscalidad mexicana de la primera mitad del siglo XIX. Pero también, y por varios motivos, es un punto de referencia para emprender estudios comparativos en la historiografía latinoamericana. En primer lugar, nos permite corroborar que a lo largo del continente, pese a los intentos de reformas liberales, existieron características comunes de pervivencia de regímenes indirectos de fiscalidad luego de la independencia. Segundo, nos muestra cómo las pervivencias de modalidades indirectas fueron en cada caso de naturaleza diversa y la necesidad de reexaminar de manera más profunda las relaciones entre las matrices fiscales que pervivieron y las prácticas de derechos de propiedad y la estructura institucional de recaudación disponibles. Tercero, contribuye a enfocar cómo impactó la fiscalidad sobre el territorio y los grupos sociales de manera divergente debido a la rápida instauración de estados federales centralizados, frente a otros casos en los cuales hubo una larga pervivencia de sistemas confederales; así como a abordar las relaciones conflictivas o de consenso entre diversos escenarios fiscales federales, provinciales y municipales.

La disyuntiva que surgió en 1821 era si convenía restablecer el monopolio del tabaco de acuerdo con la forma que había tenido durante el periodo colonial o suprimirlo de forma absoluta. Los argumentos a favor de la supresión del estanco fueron fundamentalmente de carácter ideológico, mientras que los esgrimidos en defensa de la continuidad eran más bien pragmáticos. Por un lado, se puso en relieve la asociación del monopolio con el régimen español y su política de restricción de las libertades económicas y, por el otro, su probada rentabilidad virreinal para el tesoro público. Entre 1821 y 1822 las retóricas liberal y anticolonial serían mucho más estridentes que los augurios acerca de las funestas consecuencias financieras que seguirían a una eventual extinción del estanco.

Desde finales de 1821 los pronunciamientos en contra del estanco se manifestaron tanto en la prensa como en el interior de la soberana Junta Provisional Gubernativa, que funcionaba como órgano legislativo. En contrapartida, la defensa de la institución estuvo a cargo principalmente de la Regencia, presidida por Iturbide y algunos legisladores, así como de los sectores cuya subsistencia dependía de manera directa del estanco, como los cosecheros y operarios de las fábricas gubernamentales de cigarros y puros.