ANTECEDENTES
En el siglo XVI, con el arribo
de los primeros misioneros a la Nueva España, las diversas órdenes religiosas
asumieron las actividades de formación y educación. Las iniciativas para crear
instituciones educativas nacieron de la necesidad de formar nuevos sacerdotes y
de expandir la evangelización. Es por esta razón que la iglesia tomó un papel
tan relevante en la educación. No obstante, las órdenes religiosas no tenían
como propósito consolidar un sistema educativo formal, sino exclusivamente
educar e instruir a las nuevas elites criollas. Durante casi tres siglos y
hasta un poco después de la culminación de la Independencia, el modelo
educativo religioso, apoyado fuertemente en la doctrina kantiana, que
establecía la instrucción basada en la disciplina como la idea central del
proceso educativo, representó un proceso de sustitución o eliminación de las
concepciones y categorías mentales de las culturas prehispánicas por nuevos
esquemas y formas de vida más convenientes a la cultura española.[1]
A principios del siglo XIX, las ideas de la Ilustración,
que tomaban en cuenta muchas de las premisas educativas de Rousseau -que
proponía una formación basada en la naturaleza humana y en la libertad
de aprendizaje- influyeron en la forma de conceptuar la educación en México.
Los criollos liberales que luchaban contra el absolutismo español y los
insurgentes mexicanos coincidían en la necesidad de formar un sistema educativo
que tuviera un carácter menos religioso y que fuera más incluyente.
Este debate entre una postura rígida de la educación como instrucción
y la postura flexible como formación prevaleció aún después de la
Independencia e incluso se intensificó por la aguda lucha entre conservadores y
liberales. Ambos bandos buscaban, entre otras cosas, mantener el control de las
instituciones educativas. En 1842, ante la falta de consenso, el Estado encargó
a la Compañía Lancasteriana, la única institución educativa que se había creado
hasta ese momento, el manejo de la Dirección de Instrucción Pública.[2] Sin embargo, el papel de la iglesia en la educación y la noción de
libertad educativa fueron los temas que desencadenaron nuevamente el conflicto.
Los liberales proponían la libertad de enseñanza con el objetivo de acabar con
el monopolio eclesiástico sobre la educación. Finalmente, el esquema liberal
fue el que triunfó y sentó las bases de un nuevo sistema educativo en manos del
Estado.
De esta manera, en 1867 se promulgó la Ley Orgánica de Instrucción Pública.
En ella se establecía la educación primaria gratuita y obligatoria, se excluía
del plan de estudios toda enseñanza religiosa y contenía disposiciones para la
educación secundaria, entre las cuales destacaba la creación, bajo los
principios del positivismo, de la Escuela de Estudios Preparatorios, la cual
habría de sentar las bases de la educación profesional. La ley sólo regía al
Distrito Federal y a los territorios federales, pero ejerció influencia sobre
las leyes estatales.[3]
Durante el porfiriato, Joaquín Baranda, Ministro de Justicia e Instrucción,
convocó a dos congresos en los que se reunieron pedagogos, maestros,
intelectuales y autoridades. Los resultados de estos congresos contribuyeron a
definir un nuevo proyecto gubernamental de educación pública, que se consolidó
con la promulgación de la Ley de Instrucción Obligatoria de 1888. Con la
llegada de Justo Sierra a la Subsecretaría de Instrucción Pública en 1901 se
abrió un nuevo periodo en la historia del sistema educativo mexicano. Justo
Sierra continuó con los ideales liberales y se preocupó por organizar el
sistema educativo, expandirlo a todos los sectores sociales y elevar los
niveles de escolaridad. En esta época se instituyó la Secretaría de Instrucción
Pública y Bellas Artes, de la que Justo Sierra fue el primer titular en 1905.
Posteriormente, en 1910, se fundó la Universidad Nacional.[4]
Durante el periodo revolucionario, el proceso de conformación del sistema
educativo mexicano tuvo un notable retroceso. Sin embargo, al final de este
periodo, con la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos de 1917, se otorgó por primera vez rango constitucional al derecho
que todo ciudadano mexicano tiene para recibir una educación laica, obligatoria
y gratuita. Asimismo, se otorgaron mayores facultades educativas al Estado para
coordinar y vigilar el funcionamiento de escuelas públicas y privadas.
Desafortunadamente, con la supresión de la Secretaría de Instrucción Pública y
Bellas Artes determinada por el Congreso Constituyente, el sistema educativo
del nuevo régimen revolucionario tuvo problemas para consolidarse. La presencia
de diversos factores, tales como la existencia de asentamientos rurales
dispersos a lo largo del territorio, la carencia crónica de recursos
presupuestales, la heterogeneidad en las maneras como cada estado y municipio
atendía sus obligaciones y una planta magisterial sumamente reducida, agravaron
esta situación.[5]
La creación de la Secretaría de Educación Pública (SEP), en septiembre de
1921, fue un hecho decisivo para cambiar esta situación y facilitó la acción
concurrente del gobierno federal de manera directa en todo el país. Con lo
anterior, se logró equilibrar un poco la desigual atención que estados y
municipios brindaban a los servicios de educación. José Vasconcelos, el primer
titular de esta institución, formuló un nuevo sistema educativo para atender
las necesidades de instrucción y formación académica de todos los sectores
sociales. Uno de los aportes más importantes de la gestión de Vasconcelos fue
la educación rural: se crearon escuelas primarias y algunas normales rurales, y
se formaron las misiones culturales, grupos docentes, profesionistas y técnicos
que se dirigieron a diversas localidades rurales para capacitar maestros y
trabajar en favor de la comunidad. [6]
Después de la creación de la SEP, ocurren diversos hechos que repercutirían
en el futuro del sistema educativo mexicano. Durante la presidencia de Plutarco
Calles hubo un constante forcejeo entre la Universidad Nacional y la SEP. Los
universitarios buscaban mantener el sistema mediante el cual la escuela
preparatoria continuaba después de la conclusión de los estudios del ciclo
primario, no obstante, por decreto oficial de la SEP se creó en 1925 la escuela
secundaria como una nueva institución educativa al servicio de la adolescencia.
Este hecho generó dos cambios importantes en el sistema educativo. Por un lado,
hubo un cambio en la secuencia de estudios. Por otro lado, la confrontación del
gobierno con la universidad fue un elemento central para que en 1929 la
universidad obtuviera su autonomía. La autonomía facultó a la universidad para
que decidiera el contenido de la educación superior.[7]
Los años siguientes se caracterizaron por mantener un clima de conflicto
permanente entre las distintas orientaciones educativas de la época
(positivista, laica, popular, nacionalista, religiosa, socialista). La lucha
ideológica fue una actividad que impidió el mejoramiento del sistema educativo;
ejemplo de ello fue la disputa entre el gobierno y la iglesia católica que
originó la clausura de las escuelas religiosas. Este conflicto culminó en el
sexenio de Lázaro Cárdenas en 1934 con la modificación del artículo tercero
constitucional, mediante la cual, por primera vez en el texto constitucional,
se estableció oficialmente una política de estado para dar un carácter
socialista a la educación y obligar a las escuelas privadas a seguir los
programas oficiales.[8]
La nueva orientación socialista de la educación propuso ampliar las
oportunidades educativas de los trabajadores urbanos y rurales. Entre 1936 y
1940 se crearon internados, comedores y becas, se impulsó la creación de
escuelas vinculadas a centros de producción y se alentó la educación técnica.
En este último aspecto, la realización más importante del periodo fue la
fundación del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y de otros establecimientos
tecnológicos. Al mismo tiempo, se crearon escuelas regionales campesinas para
formar maestros rurales y cuadros para la agricultura, se establecieron
escuelas vocacionales de nivel medio superior y centros educativos indígenas.
Con Manuel Ávila Camacho (1940-1946), dio inicio una política de
conciliación nacional que tuvo consecuencias en el sistema educativo. Por
ejemplo, en 1941 se promulgó la Ley Orgánica de la Educación Pública. En 1943
tuvo lugar la unificación de los sindicatos magisteriales. El nuevo Sindicato
Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) fue reconocido mediante decreto
presidencial como el único organismo representativo de todo el magisterio
nacional. Años más tarde, en 1946, se promulgó una reforma del artículo 3º
constitucional para reconvertir la educación socialista y en su lugar establecer
una educación integral, científica y democrática para combatir los altos
índices de analfabetismo que imperaban en la época.
Asimismo, en el transcurso de la posguerra, en el periodo conocido como de
consolidación, Miguel Alemán (1946-1952) dio continuidad a la política
educativa de Manuel Ávila Camacho y nuestro país participó activamente en
diversos proyectos de la recién creada Organización de las Naciones Unidas para
la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por sus siglas en inglés). De esta
manera, en la década de 1940 a 1950 se fundaron diversas instituciones
educativas, entre ellas, el Comité Administrador del Programa Federal de
Construcción de Escuelas (CAPFCE), el Instituto Nacional de Bellas Artes, la
Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Enseñanza Superior
(ANUIES) y el Centro Regional de Educación de Adultos y Alfabetización
Funcional para América Latina (CREFAL).[9] En 1950 inició otro periodo importante en la historia del sistema
educativo mexicano, el de la expansión, mismo que culminó hasta
la década de los noventa.[10] A continuación se presenta un breve esbozo de las políticas educativas de
este periodo.
En el gobierno del presidente Adolfo Ruiz Cortines (1952-1958) se
consolidaron muchas de las propuestas de los gobiernos anteriores y los
servicios educativos crecieron en forma importante. El gasto en educación
aumentó, especialmente en subsidios a las universidades y salarios de los
profesores. Asimismo, se creó el Consejo Nacional Técnico de la Educación
(CONALTE) y el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del IPN
(CINVESTAV).
En los periodos de Adolfo López Mateos (1958-1964) y Gustavo Díaz Ordaz
(1964-1970) se consideró importante ampliar las oportunidades educativas
mediante apoyos económicos a la educación normal y la capacitación para el
trabajo. Entre las políticas más importantes de ambos sexenios se encuentran la
formulación del Plan para el Mejoramiento y la Expansión de la Educación Primaria
en México o Plan de Once Años y la distribución de libros de texto gratuito
para las escuelas primarias, que también motivó la creación de la Comisión
Nacional de los Libros de Texto Gratuito (CONALITEG). Asimismo, con el objetivo
de ofrecer salidas laterales que posibilitaran la incorporación al trabajo a
los alumnos que no accedieran a los niveles educativos superiores, entre 1963 y
1970 se implementaron diversos programas y se crearon varios centros de
adiestramiento y capacitación para el trabajo industrial y agrícola.
La administración de Luis Echeverría (1970-1976) mostró desde un principio
su interés de mejorar el sistema educativo y puso en marcha una Comisión
Coordinadora de la Reforma Educativa para diversificar los servicios
educativos, aumentar el número de escuelas y reformar los planes de estudio. La
reforma de este periodo se reflejó en la publicación de una nueva Ley Federal
de Educación en 1973 que sustituyó a la Ley Orgánica de Educación Pública de
1941. Esta nueva ley adoptó la definición de educación como institución del
bien común y organizó al sistema educativo nacional para establecer nuevas
bases que impulsaran los derechos que todos los habitantes del país para
recibir educación con las mismas oportunidades.
De la misma forma, se promulgó la Ley Nacional de Educación para
Adultos de 1976, que reguló la educación para los mayores de 15 años que no
habían cursado o concluido la primaria o la secundaria. Esta educación fue
concebida como educación extraescolar, basada en la enseñanza autodidacta y la
solidaridad social. Durante este periodo también se crearon diversas
instituciones educativas, tales como el Consejo Nacional de Fomento Educativo
(CONAFE), el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH), el Colegio de Bachilleres
y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). Asimismo, la SEP
modificó su estructura orgánica e instituyó la Subsecretaría de Planeación y
Coordinación Educativa., dependencia que inició la desconcentración
técnico-administrativa con la creación de 39 unidades de servicios
descentralizados en las nueve regiones en las que fue dividido el país. [11]
En la administración de José López Portillo (1976-1982) se llevó a cabo un
diagnóstico de la situación escolar en el nivel básico y se diseñó el Plan
Nacional de Educación (PNE). El diagnóstico del PNE llamó la atención sobre
diversos problemas de la educación preescolar: la atención a la demanda era
baja, la distribución de oportunidades era desigual con una alta concentración
en el medio urbano y con la atención casi exclusiva de los sectores medios y
altos. Además se identificaron bajos índices de eficiencia en los primeros
grados de la primaria que, se presumía, estaban asociados con la inasistencia
de los niños a la educación preescolar. Por esta razón uno de los objetivos
prioritarios del PNE fue la educación preescolar y la puesta en marcha del
Programa “Educación para Todos”, cuya meta era atender a todos los niños con
rezago educativo.
Como segunda prioridad del PNE se señalaba el objetivo de vincular la
educación terminal con las necesidades de la producción para lo cual fue
necesario desarrollar programas para la educación técnica superior. En este
rubro destacó la creación del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica
(CONALEP) en 1979. La tercera prioridad del PNE se refirió al impulso otorgado
por el gobierno para elevar la calidad de la educación, meta que se concretó
con una mejor formación para los maestros gracias a la creación en 1978 de la
Universidad Pedagógica Nacional.
Otra de las prioridades del PNE era mejorar la eficiencia del servicio
educativo lo que suponía avanzar en materia de organización interna de la SEP y
la desconcentración de actividades mediante el establecimiento de 31
delegaciones en las entidades federativas. Asimismo, se avanzó en el diseño e
instrumentación de un marco general para coordinar y planear la educación
superior. En 1976 la SEP creó la Coordinación General de Educación Superior,
Ciencia y Tecnología. Como complemento a esta acción, en 1978 fue promulgada la
Ley Nacional de Coordinación de la Educación Superior y en 1979 se constituyó
la Coordinación Nacional para la Planeación de la Educación Superior (CONPES).
En 1980, una modificación al artículo tercero constitucional incluyó el
concepto de autonomía universitaria. En esa adición la autonomía fue concebida
como el ejercicio de ciertas facultades que el Estado otorga a entidades
públicas no centralizadas. Así, mediante un acto jurídico emanado del Poder
Legislativo, se concedió el derecho a las instituciones universitarias para
expedir sus propias normas y reglamentos, para realizar sus fines con respeto a
la libertad de cátedra e investigación y para determinar sus planes y programas
de estudio, entre otras cosas.[12]
Existen otras acciones relevantes durante el periodo sexenal de José López
Portillo que transformaron el sistema educativo mexicano. En 1978 el gobierno
federal puso en marcha el Programa Nacional de Educación a Grupos Marginados y
en 1981 elaboró el Programa Nacional de Alfabetización y creó el Instituto Nacional
de Educación para Adultos (INEA).
De acuerdo con Jaime Castrejón, Miguel de la Madrid Hurtado (1982-1988) no
presentó un plan aislado de educación, como había sucedido en los dos gobiernos
anteriores, sino que la nueva administración que tomó posesión en 1982 elaboró
un Plan Nacional de Desarrollo en el que la “revolución educativa” estuvo
inscrita como uno de sus principales elementos. No obstante, este autor señala
que el gobierno de Miguel de la Madrid tuvo que enfrentar una fuerte crisis
económica que lo orilló a reducir el gasto destinado al sector educativo. La
crisis también afectó la demanda de escolaridad en la población de menores
ingresos y acrecentó sus niveles de reprobación escolar. En esas condiciones,
el sistema educativo mexicano interrumpió las tendencias expansivas que lo
habían caracterizado en décadas anteriores.[13]
En 1983 Miguel de la Madrid presenta el “Programa Nacional de Educación,
Recreación, Cultura y Deporte” que destacaba entre sus principales objetivos y
políticas estratégicas para mejorar la educación: ofrecer un año de educación
preescolar a todos los niños de cinco años de edad, descentralizar la educación
y reformar los estudios de educación normal. Asimismo, este programa introdujo
el concepto de calidad como un elemento central para consolidar la política
educativa. Este nuevo énfasis marcó la diferencia con los gobiernos anteriores
que se habían preocupado exclusivamente por incrementar la capacidad física del
sistema educativo, dejando de lado la calidad de los servicios educativos.
Uno de los objetivos más importantes del programa se dirigía a descentralizar
la educación básica y normal y a desconcentrar la educación superior. La
propuesta de descentralización tenía como antecedentes las medidas de
desconcentración administrativa desarrolladas en la administración anterior,
las cuales habían permitido mayor coordinación entre los gobiernos locales y el
gobierno federal. De esta forma se establecieron acuerdos de coordinación entre
ambos órdenes de gobierno que implicaron la creación de consejos estatales de
educación con representación de las autoridades federales, estatales y del
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). De la misma forma,
la estrategia de descentralización admitió el establecimiento de direcciones
generales de servicios coordinados en cada entidad y otros órganos de coordinación. El objetivo de la descentralización fue transferir los servicios educativos
(niveles preescolar, primaria, secundaria y normal) del gobierno federal a los
gobiernos de los estados.
Para algunos autores, aunque los procesos de descentralización educativa se
anunciaron desde el gobierno de Miguel de la Madrid, se formalizaron durante el
periodo sexenal de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) con la firma del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica en el año de 1992.[14] A partir de ese momento, los gobiernos estatales se hicieron cargo de la dirección
de los centros educativos que el gobierno federal tenía a su cargo. El gobierno
federal, por su parte, continuó con el la obligación de vigilar en toda la
República el cumplimiento del artículo tercero constitucional, así
como de promover y programar la extensión y las modalidades del sistema
educativo nacional; formular planes y programas, y concertar con las entidades
federativas las acciones necesarias para abatir y superar los rezagos en la
materia.
La característica central de la política educativa durante el periodo
salinista fue el de la “modernización” del sistema escolar. El Programa para la
Modernización Educativa 1989-94 programó de manera prioritaria la conformación
de un sistema de mayor calidad, que se adaptara a los cambios económicos que
requería el país en el contexto de las transformaciones mundiales marcadas por
el libre mercado.[15] Para reformar el sistema educativo se modificaron los artículos tercero y
130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, este último
relacionado con la personalidad jurídica de las iglesias. Con dichas modificaciones
se abrió nuevamente un espacio para la participación de la iglesia en la
educación, dejando atrás todos los problemas que tuvieron conservadores y
liberales en el siglo XVIII y los inconvenientes que surgieron entre la iglesia
y el gobierno con la Constitución de 1917.
En los siguientes años de la administración de Carlos Salinas de Gortari se
emprenderían un conjunto de acciones que tenían como común denominador la
reorganización del sistema educativo: la obligatoriedad de la escolaridad secundaria
para todos los mexicanos y su correspondiente cambio en el artículo tercero constitucional; la
promulgación de la Ley General de Educación de
1993; la búsqueda de la calidad y la equidad educativas con la misma o mayor
prioridad que la cobertura educativa; el énfasis en el aprendizaje de
competencias científicas, tecnológicas y laborales; el fomento de la
participación de los empresarios en la gestión escolar y una mayor vinculación
con el sector laboral.[16]
El gobierno de Ernesto Zedillo (1994-2000) continuó con la política
modernizadora de su antecesor. En este periodo el proceso de federalización,
además de consolidarse en el nivel básico, se extendió hacia los demás niveles,
lo que permitió avanzar hacia la coordinación integral de sistemas educativos
por parte de los gobiernos estatales. Destacan, durante la Administración, el
avance y la consolidación de los procesos de federalización educativa del
Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas (CAPFCE)
y del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP).
La ampliación de la cobertura de los servicios educativos con criterios de
equidad fue uno de los rasgos más destacados de la política educativa
zedillista. Dentro de las estrategias específicas para lograr una mayor equidad
destacan las becas a la asistencia escolar por medio del Programa
de Educación, Salud y Alimentación (PROGRESA), programa que también contribuyó a la construcción y el equipamiento de
nuevos espacios educativos y a la entrega de libros de texto gratuitos. Otros
de los programas compensatorios que se implementaron en las áreas rurales para
asegurar los servicios educativos en las localidades marginadas fueron los
siguientes: Programa de Apoyo a Escuelas en Desventaja (PAED), Programa para
Abatir el Rezago Educativo (PARE), Programa para Abatir el Rezago en Educación
Básica (PAREB), Programa de Educación Inicial (PRODEI), Programa Integral para
Abatir el Rezago Educativo (PIARE), y Programa para Abatir el Rezago en
Educación Inicial y Básica (PAREIB).
De la misma forma, en este periodo se implementaron algunos programas
dirigidos a impulsar la actividad docente, por ejemplo el Programa Nacional
para la Actualización Permanente de los Maestros de Educación Básica en Servicio
(PRONAP), que fue creado en 1995, y el Programa para la Transformación y el
Fortalecimiento Académico de las Escuelas Normales, creado en 1997, a fin de
impulsar la modernización de la formación inicial de los profesores de
educación básica. Otro de los programas de apoyo al docente que tuvo un notable
impulso fue el Programa Nacional de Carrera Magisterial, que estableció un
sistema de estímulos económicos independiente de los que se otorgan por
antigüedad o por cambio de función administrativa de promoción horizontal, en
el que los docentes participaban en forma individual y voluntaria. El propósito
del programa era fomentar la profesionalización y actualización de los
maestros, así como el aprovechamiento escolar de sus alumnos.
Conjuntamente, se promovieron importantes avances en la tarea de elevar la
calidad de la educación básica, mediante la consolidación del Sistema Nacional de Evaluación Educativa y la formulación del Programa de Instalación y
Fortalecimiento de las Áreas Estatales de Evaluación en
1996. Con ambas iniciativas se impulsó la formación de profesionales técnicos
locales expertos en evaluación, y se obtuvo información periódica sobre los
niveles de avance educativo y sus factores asociados. Destacan la primera
aplicación de las pruebas de estándares nacionales de comprensión lectora y
matemática en secundaria, y el seguimiento del estudio Evaluación de la
Educación Primaria, cuya información ha sido utilizada para construir una serie
histórica de los niveles de avance en este nivel educativo.
Durante el periodo zedillista también se diseñó e implemento el programa
“La Gestión en la Escuela Primaria”, que inició con carácter experimental en
1997 en 183 planteles escolares de cinco entidades federativas. El objetivo del
proyecto era generar estrategias y materiales que permitieran avanzar hacia la
transformación de cada escuela en una organización articulada internamente, en
la cual directivos, supervisores, maestros, estudiantes y padres de familia
trabajaran en favor del mejoramiento de la calidad de la educación en cada
plantel. Por último y con el propósito de impulsar el intercambio de
información y el uso de nuevos canales de comunicación, tales como el internet,
se puso en marcha en 1997 el proyecto de la “Red Escolar” en 144 escuelas
primarias, secundarias y normales. Los recursos empleados para el
funcionamiento del proyecto fueron la “Red Edusat”, software educativo y 150
videos digitalizados.
Como se ha analizado en este apartado, a lo largo de la historia del
sistema educativo mexicano se han presentado notables cambios en las doctrinas
ideológicas que le han dado forma. Asimismo, la revisión histórica nos permite
observar una evolución del sistema educativo que ha ampliado su cobertura; pese
a las condiciones adversas que muchas veces tuvo que enfrentar, éste ha tenido
una gran capacidad incorporadora. La cobertura del sistema educativo en México
tiende al crecimiento permanente y a la diversificación de los servicios que
ofrece.
Por otra parte, en el periodo examinado pudimos constatar que la
legislación mexicana ha tenido un carácter progresista, ya que ha proclamado el
derecho a la educación para todo ciudadano y la ha considerado un factor de
igualación y desarrollo social. Cada vez más mexicanos han gozado de una
educación obligatoria que se ha ampliado en su tramo. Más aún, pese a los
efectos del desarrollo social sobre la distribución de los conocimientos, el
sistema educativo mexicano no ha tenido la capacidad de neutralizar los efectos
de la pobreza sobre la adquisición del aprendizaje.
Así lo demuestra la preocupación de las autoridades educativas mexicanas
por ofrecer educación básica a las poblaciones excluidas, en especial en las
zonas rurales. Esta iniciativa ha sido una constante durante todo el período
analizado pero se acentúa en el último tercio del siglo XX, cuando se
instalaron en la agenda de la política educativa los temas de la desigualdad en
la distribución de los recursos educativos. La voluntad de universalizar la
educación básica se expresó en la creación y desarrollo de instituciones
específicas como el CONAFE o programas como PROGRESA, que han constituido un
esfuerzo significativo para alcanzar a los sectores de la población más pobres y
excluidos.
No obstante, para garantizar los servicios educativos al conjunto de la
sociedad no basta con mejorar la cantidad y calidad de los servicios escolares
(infraestructura física, capacitación docente, métodos y contenidos, etc.) sino
que es preciso actuar en forma articulada diseñando programas basados en
diagnósticos que cuantifiquen pertinentemente los rezagos educativos y permitan
establecer metas, orientar recursos y definir estrategias de intervención
específicas. El establecimiento del Sistema Nacional de Evaluación Educativa es un avance en este sentido, sin embargo, su reciente creación aún no
permite obtener los insumos para evaluar si se requiere una redefinición de
objetivos y metas, en la medida en que no existe información relevante para
calcular los logros alcanzados y las necesidades insatisfechas.
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